Análisis del estado de la convivencia en contextos locales con alta diversidad sociocultural

Derechos y deberes

A la hora de diseñar, realizar y/o evaluar proyectos de intervención social en barrios, consideramos que adquieren gran valor ideológico y práctico, tanto los derechos como los deberes. Se trata, ante todo, de fundamentar, permear y animar el programa de acción desde el “enfoque de derechos” esto es: entendiendo que la mejora de la calidad de vida, la satisfacción de las necesidades sociales, la cobertura de las carencias o el encauzamiento de las demandas, forman parte indisociable del ejercicio de los derechos por parte de los ciudadanos.

Lo anterior supone no perder de vista en momento alguno que el plan o programa de intervención, sean cuales sean sus particularidades (ámbito, actores, objetivos…), se lleva a cabo en el marco de un Estado Social de Derecho, tiene lugar en una sociedad mayor, donde se ubica el barrio, sociedad regida, ideal y normativamente, por un sistema democrático y un Estado de Derecho. Pero el proyecto local o barrial, no solo tiene ese contexto sino que, a su vez, debe estar orientado para fomentar y contribuir con su grano de arena a la consolidación y desarrollo de dicho Estado de Derecho.

Cuando estamos ante una intervención comunitaria, adquiere pleno sentido la concepción de los participantes como sujetos de derecho, no solo en el plano de la sociedad general, sino en el plano local, adquiriendo notoriedad todo lo relativo a la ciudadanía local, social, cívica o de residencia: formas variadas como se la está denominado en las teorizaciones y propuestas de Nueva Ciudadanía. Esas adjetivaciones de lo ciudadano remiten, ciertamente, a cuestiones y énfasis particulares –lo residencial, lo cívico, lo social, lo local– pero tienen todas en común referir la ciudadanía, no a una instancia jurídico-política, a una nacionalidad o si se quiere a un pasaporte, sino a una instancia de cercanía, de cotidianidad, de ser miembro de una determinada comunidad territorial.

Y en este sentido adquiere toda su relevancia la categoría de vecindad, de ser vecino/a en común de su vecindad. Como cualquier planteamiento local, con la vecindad cabe el riesgo del localismo. Esto es, de: concebir la comunidad local aparte de su contexto; incurrir en los sentimientos chauvinistas de barrio; disponer de planteamientos miopes de solo corto alcance, sin una mirada más amplia –absolutamente necesaria en tiempo de la globalización y de lo “glocal”–; de diseñar el proyecto para “nuestro barrio, aparte de la ciudad”. (…)

Ahora bien, no estamos ante una intervención meramente local y comunitaria, sino de carácter intercultural. Entonces, el enfoque de derechos que estamos analizando y proponiendo adquiere un nuevo sentido profundo y complementario de lo visto hasta ahora. Y es que, en la perspectiva interculturalista –en la que, en seguida entraremos con algo más de detalle– se trata de buscar e identificar colectivamente los puntos en común de vecinos y vecinas, más allá de sus bagajes culturales diferenciados, más allá de sus identidades y pertenencias particulares. Pues bien, uno de esos “puntos en común”, son los derechos en tanto miembros de la comunidad: derecho de residencia local, derechos de acceso a los recursos públicos, derecho a la participación en la vida local, etc.

Junto a los derechos, y dentro del ideal y marco normativo que conlleva la ciudadanía, se sitúan los deberes. Los miembros de la comunidad local comparten un conjunto de obligaciones con respecto: a los usos de los espacios públicos; a la higiene, limpieza y basuras; a los impuestos y tributación de la hacienda municipal; a los usos, costumbres y normas de la convivencia cotidiana, etc. Si antes veíamos que el enfoque de derechos es un planteamiento necesario y cargado de enorme potencialidad en el trabajo por la convivencia ciudadana intercultural, ahora postulamos lo mismo para el enfoque de la ética de la responsabilidad.

En un planteamiento territorial por la convivencia ciudadana debería ser resaltada la idea de que la vida local mejoraría si cada cual cumpliera con sus obligaciones; si las instituciones, grupos de todo tipo, asociaciones, residentes y comerciantes asumieran las responsabilidades comunes y específicas. La cohesión social se asentaría sobre bases más firmes. Este marco general de ética de la responsabilidad y esta exigencia colectiva de que cada cual cumpla con su deber presenta toda una línea de acción local de indudable interés y potencialidad validada por la práctica.