Una de las primeras cuestiones que nos plantea la coproducción, como instrumento de política pública, es respecto a los actores. Es decir, ¿con quién pueden coproducir las políticas públicas los gobiernos locales? Si entendemos la coproducción como una práctica de política pública diferenciada tanto del monocentrismo estatal como del liberalismo de mercado, podemos pensar que los actores que participan en la coproducción, juntamente con las administraciones públicas, son actores de la comunidad en un sentido amplio.
La decisión de coproducir con unos u otros actores tiene que estar más vinculada a los proyectos concretos y a las estrategias y realidades de cada municipio. En cualquier caso, sin embargo, para que la coproducción tenga éxito se requiere:
En la misma línea, se entiende que tanto pueden participar en las prácticas de coproducción las asociaciones más tradicionales del municipio como las organizaciones del tercer sector orientadas a la prestación de servicios, o los nuevos activismos que han surgido en los últimos años a consecuencia de la actual situación de crisis económica, social y política. En muchos casos, las alianzas entre las viejas y las nuevas formas de organización social pueden constituirse como elemento fundamental para que la coproducción tenga éxito.
Es importante advertir en este punto que el dirigirse a actores de la sociedad civil o a actores del sector privado consigue efectos distintos. Las potencialidades de empoderamiento, la capacidad de transformación social o la apropiación de recursos públicos para finalidades colectivas o lucrativas no son las mismas en un caso que en el otro. En este sentido, hay quien defiende que la coproducción puede llevarse a cabo con cualquier actor, y hay quien argumenta que difícilmente los actores del sector privado actuarán con finalidades colectivas y generarán dinámicas de empoderamiento de la ciudadanía. (…)
Entendemos, por tanto, que más allá de la naturaleza jurídica (pública o privada) de los actores que participan en ella, la coproducción se entiende como una forma de colaboración entre instituciones públicas y otros actores, que se relacionan en condiciones de igualdad y horizontalidad con el objetivo de producir nuevas y mejores soluciones a los problemas colectivos del municipio con la voluntad de generar empoderamiento y transformación social.