Cuando las demandas llegan a Servicios Sociales, e incluso Justicia, la situación, generalmente, se ha agravado y la relación entre progenitores e hijos/as se ha deteriorado, por lo que la intervención resulta ardua y complicada. Ante estos casos, lo más frecuente es que los/as profesionales se encuentren con personas cansadas, con poca motivación de colaborar ya que no creen en cambios posibles, sobre todo, si ha habido previos intentos de solución que resultaron fallidos. (…)
Para intervenir en un caso, el/la profesional debe tener presente una serie de factores:
La primera necesidad con la que acuden las madres a los servicios de atención es la de sentirse escuchadas y recogidas. Necesitan apoyo, saber que no son las únicas que afrontan esta dura situación. Una pauta útil que puede ayudarles a la hora de no culpabilizarse sobre lo sucedido es explicarles que hay muchos factores que influyen en el desarrollo de este tipo de violencia (factores familiares, de personalidad, sociales, entre otros). Enviarles un mensaje positivo que recoja la idea de que es posible tanto el abordaje como la solución del problema.
El/la profesional debe indagar -sin que se sientan juzgados por ello- en la historia personal de cada miembro de la familia con el objetivo de comprender cuál/es ha/n sido las causas que les han llevado a esa situación problemática. Si no se cuida a cada miembro, no se conseguirá la colaboración de todos, por lo que éstos no aceptarán las propuestas hechas por el/la profesional. Hay que tener presente el grado de cansancio psicológico que tienen estas mujeres cuando solicitan ayuda, pues los niveles de agresividad que llegan a tolerar son altos.
Esta tipología de violencia intrafamiliar requiere una formación específica por parte del profesional. En el caso de no disponer de ella, debería derivar el caso a expertos/as con más experiencia.
Es necesario informarse sobre la situación legal en la que se encuentra el/la menor tras la denuncia, para poder trabajar con las madres las posibles consecuencias y los trámites legales que se derivan de la misma. Ayudar a las madres a ver la denuncia como una forma de pedir ayuda haciendo que no se sientan culpables por las medidas que se adoptan (ingreso del menor en un centro, asistencia a intervenciones obligatorias por parte del menor). Normalmente el objetivo principal de la denuncia es mejorar las relaciones familiares e intentar recuperar el control en la posición jerárquica. Al no conseguirse en un periodo breve de tiempo se incrementa el sentimiento de culpa en las madres.
Muchos de los casos son derivados de Justicia como consecuencia de una denuncia interpuesta por los padres y madres, y no en pocas oportunidades, el/la menor y su familia tienen la obligación legal de acudir a una serie de servicios de intervención.
El/la profesional no debe dejarse influir por la urgencia con la que la familia acude, dedicando el tiempo necesario para recoger información con el objetivo de establecer hipótesis y elaborar un proceso de intervención adecuado. (…)
Los resultados óptimos se obtienen cuando se logra la colaboración de todos los miembros de la familia en la intervención. Es importante, además de trabajar con el/la agresor/a, realizar un abordaje individual con la madre/padre para trabajar las áreas dañadas.
En los casos específicos de contextos coercitivos – cuando hay una denuncia interpuesta- resulta difícil establecer un vínculo profesional-familia, existiendo un límite temporal para trabajar con ésta. Lo adecuado sería aumentar el tiempo de intervención en estos casos o bien, una vez trabajados unos objetivos básicos, derivar a otros/as profesionales que aborden objetivos más específicos.