La perspectiva del procomún, la co-producción y el desarrollo comunitario

En los últimos años, asistimos en muchos países de nuestro entorno a “un cierto redescubrimiento de las iniciativas sin fin de lucro y de la importancia de los vínculos comunitarios en el desarrollo de las políticas sociales” (Zalakain, 2013: 210). Las razones de este redescubrimiento son muy diversas. Entre las mismas hay que destacar las que tienen que ver con una cierta sensación de agotamiento de los servicios públicos convencionales, confrontados con la aparición de nuevos riesgos sociales (Taylor-Gooby, 2004), pero también de demandas de intervención mucho más individualizadas (Yeatman et al., 2009).

En el marco de lo que desde los años noventa viene siendo teorizado como “sistemas mixtos de bienestar” (welfare mix) o “sistemas pluralistas de bienestar” (welfare pluralism), se plantea la necesidad de incorporar a la gestión de los sistemas de bienestar a la misma ciudadanía para la que las políticas y los servicios sociales están destinadas (Evers, 1991, 1995; Evers y Svetlik, 1993, Johnson, 1999; Herrera, 2001; Marbán y Rodríguez Cabrero, 2013).

Una referencia fundamental, en este sentido, es la propuesta de Estado social relacional de Pierpaolo Donati, con su reivindicación de transitar desde el código de inclusión estatal moderno a un nuevo código “transmoderno” basado en la inclusión relacional, de manera que “se está incluido en una política social no por el mero hecho de pertenecer a un Estado, sino por formas de pertenencia más generales que valoran contextos relacionales, aunque no sean estatales” (Donati, 2004: 13). En este modelo, el Estado actúa como “ordenador general” no regulando todas las transacciones sociales, sino promoviendo formas autónomas de producción de servicios que aseguren el bienestar social de los diversos grupos de población, favoreciendo las solidaridades primarias y asociativas intermedias entre individuo y Estado.

Otras referencias teóricas y, en algunos casos, prácticas, son la del social entrepreneur y el community development británicos (Leadbeater, 1997; Atkinson, 1994), el Secondo Werlfare italiano (Maino y Ferrara, 2013, 2015) o la participation society holandesa (Delsen, 2016). Una de las vías más prometedoras a través de las cuales se configura un espacio de diálogo entre la provisión de servicios públicos y la participación ciudadana es la que reconoce bajo el paradigma de la coproducción, entendida como la participación de la ciudadanía, individual o colectivamente, en la prestación de servicios públicos (Verschuere, Brandsen y Pestoff, 2012). La diferencia con el voluntariado estriba en el hecho de que la coproducción se refiere a servicios que las propias personas coproductoras van a utilizar, aunque no sólo ellas. En el ámbito de los servicios sociales, la participación de asociaciones en España es particularmente evidente en el nivel municipal (Rodríguez García, 2012).

Junto a las razones señaladas para abrir a la participación ciudadana el ámbito de las políticas y los servicios sociales, de carácter estructural, hay otras asociadas a la coyuntura de la reciente crisis y de las políticas de austeridad implementadas para atajarla, con su enorme impacto sobre las políticas sociales. Como han destacado múltiples investigaciones, por toda Europa, especialmente en aquellos países más castigados por los recortes sociales, han proliferado iniciativas ciudadanas de base local y comunitaria con el objetivo explícito de sostener la cohesión social básica de sus comunidades, gravemente afectada por la gestión neoliberal que de la crisis han hecho sus gobiernos (Castells, Caraça y Cardoso, eds., 2013; Alaminos, Penalva y Domenech, 2014; Stavrides, 2016; Platts-Fowler y Robinson, 2016; Varvarousis y Kallis, 2017).

En este contexto, el “triángulo del bienestar”, idea desarrollada entre otros por Esping-Andersen para describir el espacio institucional de las políticas del bienestar, configurado por el Estado, el mercado y la familia (Esping-Andersen et al., 2002), se ve ahora sustituido por un “diamante del bienestar” con la incorporación a este espacio institucional de un nuevo sujeto, como es la comunidad (Jenson, 2015).